Los leonesistas apuntan la “dejadez” del gobierno autonómico para hacer cumplir con los artículos 2 y 17 de la Ley de patrimonio, que le obligan a garantizar la protección de los BIC y fomentar la educación patrimonial con la participación de los propietarios.

La destrucción hace unas semanas del castillo de la Torre Mocha de Naharros del Río, en el municipio de Pelabravo, ha vuelto hoy a estar de actualidad al ser protagonista en las Cortes autonómicas de una pregunta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Junta, en la que los leonesistas han afeado al gobierno autonómico su falta de compromiso para garantizar la máxima protección y tutela de los Bienes de Interés Cultural que le encomienda la Ley.

En este aspecto, el procurador de UPL, José Ramón García, ha recordado a la Junta que el artículo 2.d) de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural obliga a la Junta a fomentar la educación patrimonial con participación de los propietarios, algo en lo que los leonesistas consideran que el gobierno autonómico “ha fallado estrepitosamente”, al haber alegado el propietario de las tierras en que se asentaba el castillo de la Torre Mocha que destruyó el yacimiento porque desconocía que se trataba de los restos de un castillo.

Un castillo que contaba con más de ocho siglos de historia, siendo levantado por los reyes de León como parte del cinturón defensivo de la ciudad de Salamanca para protegerla ante posibles ataques castellanos que pudiesen traspasar las líneas de fortificaciones leonesas de las comarcas de La Armuña, Cantalapiedra, Peñaranda y Alba.

Asimismo, los regionalistas leoneses han reprochado a la Junta también que el artículo 17.2 de la Ley autonómica de patrimonio le encomienda la tutela preventiva de los Bienes de Interés Cultural, garantizando su máxima protección, señalando que “la protección no es perseguir cuando ya es tarde, es evitar que suceda”, recordando que el castillo de la Torre Mocha de Naharros del Río estaba reconocido como BIC en virtud del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, si bien la Junta no lo tenía ni tan siquiera incluido en el Catálogo de bienes protegidos de la comunidad.

Del mismo modo, desde UPL han recordado a la Junta que, precisamente por lo poco conocido que era este castillo salmantino, desde Unión del Pueblo Leonés se registró en marzo de 2024 en las Cortes una enmienda para actuar sobre este monumento, para garantizar su conservación y ponerlo en valor. Propuesta que se rechazó, planteándole los leonesistas hoy a la Junta: “¿De haberse acometido aquella puesta en valor que solicitamos para el castillo de la Torre Mocha, se hubiese podido evitar esta catástrofe patrimonial?”

En este aspecto, han apuntado que, cuanto menos, el desconocimiento alegado por el propietario para destruirlo se antojaría difícil, pues se debería haber contactado con él por parte de la administración autonómica para intervenir en el bien para su puesta en valor, y estando señalizado hubiese quedado más que clara su protección.

Asimismo, desde UPL han recordado a la Junta que llevan tiempo también advirtiendo del riesgo de colapso en varios monumentos salmantinos, como los castillos de Tamames, La Alberguería de Argañán, Salvatierra, Tejeda, Villar de Leche o Buenamadre, la iglesia de Tirados de la Vega o el castillo y convento de Cerralbo, entre otros, sin que la Junta esté tomando cartas en el asunto para evitar derrumbes o pérdida de elementos.

Por ello, los leonesistas han reclamado a la Junta que “deje de mirar hacia otro lado y cumpla de una vez con su obligación y se deje de excusas”, instándole a que impulse un plan de urgencia para bienes en riesgo como ya han venido reclamando en varias iniciativas los leonesistas en el parlamento autonómico que han sido rechazadas, que actualicen con agilidad el Catálogo de Bienes Culturales, e impulsen una campaña informativa dirigida a los propietarios sobre los bienes protegidos que poseyesen, ya que “no podemos permitir que el patrimonio se siga cayendo como si fuera inevitable”.