Los leonesistas registraron una batería de preguntas en Cortes reclamando al gobierno autonómico que medie con la SAREB (actual propietaria) para evitar el desahucio y contemplar la situación real de los afectados, a quienes no se comunicó el cambio de propiedad y siguieron pagando el alquiler a una empresa con el CIF revocado.

La problemática de la vivienda y los desahucios existente en Babilafuente, donde una estafa cometida por una empresa a 23 familias ha implicado que estas tengan ahora una amenaza de desahucio por parte de la SAREB (actual propietaria de las viviendas), ha motivado que hace unos días Unión del Pueblo Leonés (UPL) haya registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas mediante las cuales reclama a la Junta implicarse directamente para evitar que se ejecuten estos desahucios y medie para que se contemple la situación real de los afectados.

Y es que actualmente en Babilafuente hay 23 familias en riesgo de desahucio en cuyo caso, tal y como apunta UPL en su iniciativa parlamentaria “no se da por impagos de recibos o facturas, ya que han estado pagando todos sus recibos, sino por haber sido estafados por la empresa a la que inicialmente tenían que pagar el alquiler”. Una empresa que posee el CIF revocado desde el año 2019, a pesar de lo cual ha seguido emitiendo contratos de alquiler y cobrando a estas 23 familias, en lo que supondría una estafa.

Sin embargo, según apuntan los leonesistas, esta empresa con el CIF revocado desde 2019 “había ocultado este hecho a quienes teóricamente eran sus inquilinos”, perteneciendo actualmente las viviendas que tienen alquiladas a la SAREB (entidad de quien es accionista mayoritaria el Estado), que sin embargo no reconoce a estas 23 familias como inquilinos, sino como okupas, alegando que no han recibido pagos de alquiler por parte de ellos.

No obstante, desde UPL remarcan que paradójicamente sí han estado pagando sus recibos de alquiler, pero a la empresa bajo la cual estaban los contratos de alquiler “sin que se les hubiese comunicado por parte ni de dicha empresa con el CIF revocado desde hace 7 años, ni por parte de la SAREB, el cambio de titular de las viviendas en que están alquilados”.

Por ello, los regionalistas leoneses reclaman a la Junta acciones para garantizar el derecho a la vivienda de estas 23 familias de Babilafuente y evitar su desahucio, dado que tienen riesgo de ser desahuciados a pesar de que han estado pagando su alquiler, pero haciéndolo a la empresa bajo la cual estaban los contratos de alquiler, ante la ausencia de comunicación sobre el cambio de titular de las viviendas en que residen.

En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés reclaman a la Junta que medie con la SAREB para evitar el desahucio de estas familias en Babilafuente y garantizar su derecho a la vivienda, atendiendo a la situación real de los afectados y a que la situación “es fruto de que la propia SAREB, que ahora amenaza con desahuciarles, no les ha comunicado que era la actual titular de sus viviendas, dándose el rocambolesco caso de que han seguido pagando sus recibos de contrato a una empresa cuyo CIF estaba revocado desde 2019, hecho que no se les había comunicado ni por esta ni por la SAREB”.