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PP y VOX bloquean la petición de UPL para que los centros educativos salmantinos puedan contratar empresas locales para el mantenimiento informático

Los leonesistas lamentan la centralización realizada por la Junta en una empresa de Valladolid del servicio de mantenimiento informático de los centros educativos de Salamanca, lo que para los leonesistas retrasa la resolución de incidencias y perjudica a las empresas salmantinas.

En la Comisión de Educación de las Cortes autonómicas celebrada este viernes, PP y VOX bloquearon la propuesta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para dotar de autonomía a los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y FP para contratar empresas locales que puedan prestar el servicio de mantenimiento informático, así como a dotar a dichos centros de dotación presupuestaria suficiente para ello.

En este aspecto, la procuradora leonesista, Alicia Gallego, detalló “un problema de gestión” trasladado por el personal docente y la crítica de la Junta de Personal Docente No Universitario de Salamanca. En esta línea, desde UPL se recordó que la única empresa informática habilitada por la Junta actualmente para prestar estos servicios de mantenimiento e instalación de dispositivos en Salamanca tiene su sede en Valladolid.

La demanda de UPL radica en que este modelo de gestión provoca “muchos problemas” ya que se resuelven con una preocupante tardanza y que perjudica seriamente el desempeño de la labor docente y el acceso del alumnado a una educación plena. Así, según los leonesistas, los docentes se encuentran con caídas de wifi, falta de cobertura, fallos en el funcionamiento de programas y dispositivos y que provoca que nadie en Salamanca que no pertenezca a la empresa vallisoletana que tiene asignado ese servicio por la Junta pueda instalarlos.

En este sentido, desde Unión del Pueblo Leonés solicitaban que la Junta deje la autonomía necesaria a los centros para contratar empresas locales que puedan prestar este servicio de mantenimiento informático y que los centros educativos cuenten con la dotación presupuestaria necesaria. “Tenemos que recordar la importancia que tiene contar un sistema informático de calidad en los centros educativos y se debe hacer cumplir la Ley 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE) en lo relativo a la autonomía de gestión de los centros educativos”, sentenció la procuradora Alicia Gallego.

Sin embargo, los partidos que sustentan el gobierno de la Junta (PP y VOX) declinaron aceptar la propuesta leonesista. Desde VOX remarcaron la necesidad de unificar criterios ya que “el dinero no es ilimitado”, aunque desde el gobierno autonómico pueda no cumplirse con la Ley vigente. Línea que mantuvieron desde el PP, que incidió en “la dificultad y riesgo de poner en marcha este proyecto” y esgrimieron que “no se está poniendo el foco en el problema”.

Por su parte, en su turno de réplica, la procuradora de UPL remarcó que ante pregunta escrita la Junta se escudó en que “había habido un contrato y que no cabía en base a un criterio de territorialidad”. Pero es que, para Alicia Gallego, en los centros educativos existen unas partidas presupuestarias que gestionan sus responsables para el mantenimiento y su funcionamiento y con esto “no entramos en programas, claves o añadidos, sino en esa actividad diaria que necesita de estos acuerdos”.

Por todo ello, la representante de UPL finalizó que “la Ley lo permite, se habla de sacar un contrato para dar solución. No subestime el medio rural, con empresas muy buenas con capacidad de asumir la resolución de estas incidencias”, señaló. Asimismo, la procuradora leonesista concluyó expresando que “hay un problema de gestión que se podría solucionar de esta forma y que, por supuesto, permite la legalidad vigente”.

No obstante, en el turno de votación de esta propuesta de UPL en la Comisión de Educación, PP y VOX rechazaron la misma, por lo que no pudo salir adelante la iniciativa leonesista para que sean empresas salmantinas las que puedan encargarse del mantenimiento informático en los centros educativos no universitarios de la provincia de Salamanca, que actualmente presta una empresa de Valladolid por adjudicación de la Junta.

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