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UPL lleva al Senado el desembalse a Portugal, al considerar que el Gobierno vulneró los intereses de Salamanca

Los leonesistas consideran que España se podía haber acogido a las situaciones excepcionales que recoge el Convenio de Albufeira para no desembalsar la cantidad ordinaria, dada la situación de sequía que sufren León, Zamora y Salamanca.

Ante lo que consideran una vulneración de los intereses de la Región Leonesa tras el importante desembalse de agua hacia Portugal desde Salamanca, Zamora y León ejecutado por el Gobierno, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha registrado una batería de preguntas en el Senado, a través del senador Carles Mulet, mediante las cuales los leonesistas piden explicaciones al ejecutivo central por dicho desembalse.

En este aspecto, UPL cree que el Gobierno podría haber vulnerado el Protocolo Adicional del Convenio de Albufeira, que apunta en su artículo 1.1 que la determinación del régimen de caudales se basará en criterios como las características hidrológicas o climáticas de cada cuenca hidrográfica, las necesidades de agua para garantizar el buen estado de las aguas de acuerdo con sus características ecológicas, o las necesidades de agua para garantizar los usos actuales adecuados a un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de cada cuenca.

Por ello, los leonesistas creen que el Gobierno central podría haber incumplido dicho Convenio y los intereses de la Región Leonesa al hacer caso omiso a las peticiones hechas desde León, Salamanca y Zamora de no realizar el desembalse hacia Portugal en las cantidades que planteaba el Gobierno, atendiendo a la situación crítica de los embalses leoneses de cara a asegurar el riego y el abastecimiento de agua potable.

A juicio de UPL estas peticiones se amoldarían a las Disposiciones finales del Protocolo Adicional del Convenio de Albufeira, en las que se habla como “usos prioritarios”, el “abastecimiento de poblaciones y usos de carácter social, en particular, el mantenimiento de los cultivos leñosos, y las condiciones ambientales en el río”. De este modo, consideran que España podría haberse acogido al artículo 3 del Protocolo Adicional del Convenio, en el que se habla de “periodos de excepción” relacionados precisamente con la escasez de precipitaciones para no satisfacer los caudales ordinarios establecidos en Albufeira en la Cuenca del Duero.

Pese a ello, denuncian que el Gobierno ordenó un desembalse que ha reducido el nivel de agua en Riaño al 31%, en Santa Teresa al 40%, en Porma al 30%, en Irueña al 36% y en Ricobayo al 18%, considerando “especialmente doloroso” el caso de la presa de Almendra, la que más agua ha aportado en dicho desembalse (200 hectómetros cúbicos en apenas 12 días), reduciendo su nivel de agua a apenas el 25%. Un hecho que desde UPL apuntan que “pone en peligro el abastecimiento de agua potable de más de un centenar de municipios de Salamanca y Zamora, registrándose en este embalse cientos de peces muertos por falta de oxígeno”.

Asimismo, los leonesistas denuncian que ha habido una parte claramente beneficiada del desembalse, que han sido las empresas energéticas, que han obtenido importantes beneficios extraordinarios con el turbinado del desembalse por el alto precio de la luz tanto en España como en Portugal, un hecho que según apuntan, “parece ya recurrente, si tenemos en cuenta lo ocurrido el año pasado en el embalse de Ricobayo”.

En este aspecto, desde UPL recuerdan que mientras embalses como Almendra, Riaño o Santa Teresa (vitales para el regadío y abastecimiento de agua en la Región Leonesa) se encuentran bajo mínimos, paralelamente presas leonesas cuya finalidad exclusiva es la generación de electricidad como Aldeadávila, Saucelle o Villalcampo, superan el 90% de su capacidad, señalando asimismo que, salvo la presa de Crestuma-Lever, el uso del resto de embalses portugueses del Duero es el de generación de energía y navegación.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés consideran que el desembalse a Portugal en las cantidades señaladas por el Gobierno podría contradecir el artículo 10.1 del Convenio de Albufeira, que exige que se tomen las medidas técnicas, jurídicas, administrativas u otras necesarias para “alcanzar el buen estado de las aguas, habla de “asegurar que el aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas hispano-portuguesas sea sostenible”, y apunta la necesidad de “prevenir, eliminar, mitigar o controlar los efectos de las situaciones excepcionales de sequía e inundaciones”.

Por último, los leonesistas recuerdan que el artículo 13.2.a) de dicho Convenio se fija como objetivo prevenir la degradación de las aguas superficiales y mejorar la calidad de las mismas con vistas a alcanzar su buen estado”. Un punto que, a la vista de la mortandad de peces ocurrida en Almendra, UPL considera que se habría violado por el Gobierno con el desembalse masivo y precipitado.

Por todo ello, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en el Senado varias preguntas para su respuesta por parte del Gobierno, en que le plantea la posible ilegalidad del desembalse realizado, le insta a actualizar el Convenio de Albufeira, y le pide una valoración respecto al caso concreto de la presa de Almendra y la mortandad de peces ocurrido en ella tras el desembalse.

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